Hemos analizado detenidamente en ediciones anteriores dos de los predictores esenciales de no asistencia a las urnas tanto en Canadá como en el resto del mundo desarrollado: la edad y el nivel de educación formal.

Así, vimos que las personas jóvenes presentan niveles excepcionalmente altos de abstención y que la tendencia a ejercer el derecho al voto va creciendo paulatinamente con la edad de modo que alcanza sus mayores cifras entre los adultos mayores.

Y siguiendo ese análisis, en nuestra última edición nos dedicamos a estudiar el modo en que incide el nivel de educación formal en la tendencia de nuestros conciudadanos a votar y qué ocurre cuando se cruzan los datos de nivel educativo y edad.

Por una parte, es realmente preocupante para la salud del sistema democrático (y así lo expresan instituciones como Elections Canada) que las personas que no han terminado la educación secundaria sean las menos inclinadas a ejercer sus derechos. Por el contrario la tendencia a votar aumenta de modo gradual entre quienes han terminado la High School y quienes han accedido a educación Post-Secundaria (College y Universidad).

Pero además, como habíamos visto en las Fichas 5 y 6, esa situación se potencia de modo crucial de acuerdo con la edad, de modo que los jóvenes de 18 a 34 años con baja educación formal tienen niveles de asistencia a las urnas casi 60% más bajos que los universitarios de entre 55 y 74 años.

Esta situación, que en palabras de Myer Siemiatycky y Sean Marshall en Who votes in Toronto municipal Elections? tiene ribetes dramáticos tiene, a corto, mediano pero sobre todo a largo plazo, efectos directos en el tipo de políticas que van delineando el perfil socio-económico del país ya que en ese cruce entre edad y educación formal permanece, apenas oculto, un tercer factor: el ingreso.

Los jóvenes, dado que recién inician su trayectoria laboral, tienen ingresos más bajos que los sectores de más edad. Y a eso contribuye además la precarización del trabajo que se ha experimentado en las últimas décadas.

Del mismo modo y como es obvio, las personas con bajo nivel de educación formal acceden a trabajos cuya paga es menor que las personas que han tenido una permanencia más prolongada en el sistema de educación.

Por lo tanto, una vez que hemos cruzado los datos de asistencia a las urnas de los diferentes sectores según la edad y según la educación formal, lo que tenemos es un mapa claro de cómo influye la pobreza en el ejercicio efectivo del derecho al voto.

Tal como ha sido estudiado tanto en Canadá como en los Estados Unidos, países que tienen similitudes notorias tanto en lo que tiene que ver con sus sistemas electorales como en el comportamiento de sus ciudadanos, en los hechos, la baja asistencia de los más pobres a las urnas favorece el fortalecimiento de las opciones de los sectores más favorecidos lo que tiene como consecuencia que los intereses de los segundos primen en relación a los intereses de los primeros.

Como ejemplo de ello, existen estudios realizados a nivel de los principales países de la OCDE, que demuestran que aquellos países en los que la asistencia a las urnas de los sectores de bajos ingresos es más baja, son los que tienen políticas fiscales y económicas menos redistributivas. Por el contrario, cuando los “turnout” electorales son más altos, las políticas fiscales y redistributivas se imponen y la igualdad de los ciudadanos se incrementa.

Por esa razón, que vote un bajo porcentaje de la población no es algo que debamos tomar como una característica neutral del sistema. Es un riesgo para todos. Atenta contra la inclusión y la justicia social.

Como indican Simeonova, Akee y Coopeland en su investigación: Low voter turn out? Increasing household income may help, la baja participación electoral no se puede resolver apelando, inocentemente, a que las personas voten.

Es necesario desarrollar políticas activas de conciencia cívica en especial entre los y las jóvenes… y  políticas activas de disminución de la pobreza.

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